"¿Pasará en Corte el Tribunal de Aforados?"

"¿Pasará en Corte el Tribunal de Aforados?"

Hace poco más de un año que la Corte Constitucional tumbó la mayor parte del componente de justicia en la Reforma de Equilibrio de Poderes, entre esto el tribunal de aforados para sustituir la inoperante Comisión de Investigación de la Cámara. Esta semana el Congreso revivió esta instancia incluyéndola en la reforma política que discute. ¿Qué garantías tiene de no volver a caerse en el alto Tribunal?, constitucionalistas consultados consideran que solo consideraciones de tipo político o de coyuntura harían que el alto Tribunal modifique su jurisprudencia.

El pasado martes, con la aquiescencia del Gobierno, fue incluido el tribunal de aforados en el proyecto de reforma política aprobado en el primer debate por parte de la Comisión Primera de la Cámara.

La insistencia en el tribunal de aforados se dio a raíz del megaescándalo que se produjo en la justicia por la denuncia de la supuesta compraventa de fallos en 2014 y 2015 a favor de congresistas en la Corte Suprema de Justicia.

Por estos hechos la Comisión de Investigación de la Cámara abrió investigación preliminar a los ex magistrados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos; en tanto que la Corte Suprema adelanta una investigación preliminar a los senadores Musa Besaile, Hernán Andrade y el exsenador Luis Alfredo Ramos.

Ayer el presidente Santos indicó que el Gobierno presentó al Congreso una propuesta para crear una comisión de aforados encargada de investigar y acusar a los magistrados de las altas Cortes, incluyendo los de la Justicia Especial de Paz, y al Fiscal General de la Nación.

“Creemos que efectivamente y como ya esto surtió un debate tranquilo, reposado importante, el tribunal de aforados, le dimos el visto bueno para que se incluyera en la Reforma Política”, dijo el Presidente.

Añadió, “creo que es un paso importante en la dirección de corregir ciertos aspectos de nuestras instituciones formales que puede mejorar el funcionamiento y recuperar la confianza de los ciudadanos en nuestra institucionalidad”.

El tribunal de aforados aprobado en el primer debate como parte de la reforma política está conformado por cinco magistrados elegidos por el Congreso en pleno, de ternas presentadas por universidades principales del país. “El tribunal contará con su propio cuerpo técnico de investigación”, explicó Santos.

Iniciativa fallida

La Reforma de Equilibrio de Poderes creó un tribunal de aforados competente para investigar y acusar a magistrados de las altas Cortes y al Fiscal General de la Nación.

Dicha comisión estaría conformada por cinco miembros, elegidos por el Congreso en Pleno para periodos personales de ocho años, de listas enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial y elaboradas mediante convocatoria pública adelantada por la Gerencia de la Rama Judicial.

No obstante en el posterior control la Corte consideró, en julio de 2016, inexequibles los artículos que le dieron vida al tribunal de aforados.

En la sentencia C-373/16 indicó que “la Corte encontró que la modificación del sistema de investigación, acusación y juzgamiento de los Magistrados de las Altas Cortes y del Fiscal General de la Nación en el Acto Legislativo No. 02 de 2015 sustituyó el eje definitorio ‘separación de poderes y autonomía e independencia de la rama judicial’. El desconocimiento de los límites competenciales del Congreso para reformar la Constitución se produjo dado que el régimen de suspensión, remoción y sanción de los Magistrados de las Altas Cortes y del Fiscal General de la Nación adoptado por el Congreso no es solo completamente novedoso, sino que resulta incompatible con los fines que perseguía el establecido en la Constitución de 1991, con el propósito de asegurar el equilibrio entre las ramas del Poder Público y la independencia de la Rama Judicial”.

Este fallo de la Corte Constitucional acerca de Equilibrio de Poderes dejó mal sabor en el Parlamento porque no solo tumbó el tribunal de aforados, dejando viva la Comisión de Investigación, sino que de igual forma le perdonó la vida al Consejo Superior de la Judicatura.

Por ello, en esa ocasión la senadora Claudia López dijo que “nos va a tocar hacer una constituyente por cuenta de que los magistrados y la Rama Judicial que está más desprestigiada ante la opinión que el Congreso, lo cual ya es mucho decir, se cree intocable. No puede ser que tratar de reformar los errores y la corrupción y el abuso de poder que hay en la Rama Judicial sea sustituir la Constitución”.

Opinan constitucionalistas

El constitucionalista Juan Manuel Charry le dijo a EL NUEVO SIGLO que no hay garantía alguna de que el tribunal de aforados esta vez supere el control constitucional.

 “No considero que haya garantías, por el contrario creo que hay riesgos adicionales, uno de ellos tramitarse por el procedimiento abreviado llamado fast track, que podría no tener relación de conexidad con el tema. O sea hay riesgos adicionales y podría volverse a declarar que sustituye la Constitución”.

Charry dijo que ello no significa que para el Congreso sea un imposible adelantar una reforma de este tipo. “Creo que hay que estudiar en detalle una fórmula que se acomode al esquema constitucional y que tenga en cuenta las reflexiones que hizo la Corte Constitucional. El referendo y el Congreso no son sino las vías, acá lo que hay que estudiar es la naturaleza de la decisión y cómo se ensambla en la estructura del Estado”.

Por su parte, Juan Carlos Lancheros Gámez, director general de Derecho Justo, Centro de Estudios Jurídicos, dijo a este Diario que en este caso hay un tema formal y otro material. “Lo que tiene que ver con el tema formal el problema es que está incorporado (tribunal de aforados) en un acto legislativo que se está tramitando por la vía de fast track. Creo que eso haría que el tribunal de aforados se cayera porque no tiene un vínculo directo con el acuerdo”.

No obstante, dijo Lancheros, “si la Corte decidiera avalarlo porque pesan más consideraciones de tipo político y si lo analiza de fondo, creo que la Corte podría pasarlo porque ya las mayorías han cambiado y en este momento son del Gobierno”.

Sintetizó que “el debate de la Corte sería entre avalar el uso de un procedimiento que no está diseñado para eso, frente a la necesidad de la reforma”.

Más conceptos

Juan Manuel Charria Segura, abogado especializado en Derecho Constitucional, consideró que “si ya la Corte sentó su jurisprudencia creería que es muy probable que al volver a la Corte Constitucional esa parte del acto legislativo se vuelva a caer. No le auguro posibilidades de éxito porque ya tenemos un precedente”.

No obstante el experto dijo que “habría que ver si la redacción de este nuevo tribunal de aforados es igual o diferente al del anterior para que la Corte emita un pronunciamiento contrario”.