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Lo que debe saber sobre su libertad sexual y reproductiva

Libertad Sexual y Reproductiva

 

Cuando ha sido ordenado por el médico tratante el implante de una prótesis para remediar la disfunción eréctil de un paciente y existen dos o más prótesis posibles, se debe optar por el que éste elija, en respeto a su autodeterminación, libre desarrollo de la personalidad y dignidad humana. Las EPS, el médico tratante y el Comité Técnico Científico no pueden descartar un tratamiento para el paciente por razones de inconveniencia (sí por idoneidad) sin que se le expongan todas las consecuencias de su decisión y él dé su consentimiento espontáneo, libre e informado.

La interrupción voluntaria del embarazo puede ejercerse en tres casos, uno de ellos es cuando exista peligro para la vida o la salud física o mental de la mujer gestante certificado médicamente. El Estado y las EPS deben abstenerse de imponer obstáculos ilegítimos a esa práctica y deben contar con protocolos de diagnóstico rápido cuando los profesionales de la salud advierten la posibilidad de que se configure ésta hipótesis o la mujer gestante alega estar incursa en ella.

El principio de integralidad y continuidad de la prestación de los servicios de salud impide que las EPS fraccionen, separen y suspendan abruptamente un procedimiento médico autorizado previamente. Por eso, cuando una EPS autorice e inicie un procedimiento de fertilización in vitro con óvulo donado, no puede negarse a suministrar los exámenes, insumos y medicamentos necesarios para llevar a feliz término el implante del embrión.

No está permitido que a una persona le nieguen donar sangre por su orientación sexual, pues en principio, todo trato desigual que se funde en la opción sexual está prohibida. Entre los factores de riesgo que las instituciones deben tener en cuenta al momento de calificar a un donante de sangre no puede estar la orientación sexual, pero sí los comportamientos sexuales riesgosos, como relaciones sexuales sin ningún tipo de protección, la promiscuidad, no tener una pareja permanente, etc.

Si una persona privada de la libertad es víctima de violaciones, acoso y toda clase de comportamientos que atentan contra su dignidad al interior de una institución carcelaria, es deber del instituto penitenciario trasladarlo a un lugar donde esos ataques cesen.

 

El derecho a la autodeterminación reproductiva se entiende vulnerado cuando servidores públicos coaccionan a los miembros de una pareja para que se sometan a cirugías que les impidan procrear nuevamente, como condición para recuperar a sus hijos en caso de que éstos hayan sido apartados de su hogar y estén bajo cuidado del Estado.

 

Los usuarios del sistema de salud deben tener acceso a los medicamentos y tratamientos contra la infertilidad siempre que la patología que la produce amenace sus derechos fundamentales, no haya otro procedimiento adecuado, no se cuente con recursos económicos para costearlos y hayan sido formulados por un médico adscrito a la EPS. En ese caso, las EPS deben garantizar estos tratamientos así no se encuentren incluidos en el POS.

 

El examen de diagnóstico con el propósito de establecer cuáles son la causas de los abortos reiterados de una mujer debe garantizarse cuando de no efectuarse, se ponga en peligro la salud y la vida del paciente; se impida prevenir el agravamiento de una enfermedad o su tratamiento efectivo, o se imposibilite que la paciente pueda ser tratada médicamente en forma tal que se le facilite desarrollar al máximo sus actividades diarias. Por lo tanto, las EPS deben abstenerse de anteponer razones de orden administrativo para omitir su práctica.

 

La implementación de un tratamiento o intervención quirúrgica que invada la autonomía sexual y reproductiva de una mujer menor de edad en situación de discapacidad debe tomar en consideración su consentimiento a menos que se dé una situación de inexistencia de capacidad para emitir consentimiento futuro. Así, los médicos deben asegurarse de que la decisión sea consentida, con conocimiento de las consecuencias de la intervención.

 

El suministro de medicamentos para el tratamiento de la disfunción eréctil deben suplirlo las EPS cuando está probado que tal tratamiento fue ordenado por médico tratante de la entidad, la disfunción eréctil haya afectado la vida de relación del paciente y su salud en el ámbito psicológico, y exista incapacidad económica para adquirir el medicamento ordenado.