Invulnerables

Personas con Discapacidad

Discapacidad

 

Una persona con discapacidad motora severa, que se moviliza en silla de ruedas y es beneficiaria de un subsidio de vivienda, tiene derecho a que el inmueble que se le entregue cuente con las adecuaciones necesarias acordes con su discapacidad, por ejemplo, rampas de acceso. Si el inmueble ya ha sido entregado, la entidad encargada no se libera de la responsabilidad, pues debe reubicar a la persona con discapacidad en un inmueble que responda a sus necesidades.

Cuando una institución oficial de educación superior cuenta con becas para población vulnerable pero en ella no están contemplados los invidentes, quienes tengan dicha condición y sean de escasos recursos tienen derecho concursar por uno de los cupos especiales para las personas que hacen parte de poblaciones vulnerables, así el reglamento no lo contemple expresamente. En efecto, si la universidad no otorga dicho beneficio obliga a la persona con discapacidad a competir en condiciones desiguales por incentivos escolares diseñados para personas sin limitación alguna.

Un deportista con Síndrome de Down tiene derecho a pertenecer al club de la liga deportiva departamental convencional si cuenta con las mismas habilidades competitivas que un deportista que no padece dicha condición. El hecho de que exista una legislación especial para deportistas con discapacidad, no implica que estén vetados de las instituciones para deportistas convencionales. Excluirlos, cuando se encuentran en igualdad de condiciones para competir, es discriminarlos.

Un menor de edad con discapacidad severa (más del 70%) que necesita supervisión constante, puede solicitar el servicio domiciliario de enfermería a la EPS, así no tenga orden médica. La institución debe valorar la salud del menor para determinar la necesidad del servicio y, si resulta que su vida e integridad están en riesgo, que sus padres no pueden asumir el costo y que no se puede sustituir con otro servicio del POS, debe cubrirlo.

Una persona con discapacidad mental (con 50,5% de discapacidad laboral) condenada a prisión, tiene derecho a ser recluida en un lugar acorde con la misma, cuando así lo determina el médico. Las entidades encargadas de los centros penitenciarios deben ubicar a la persona con discapacidad cognitiva en un centro psiquiátrico, clínica o casa de estudio o de trabajo que responda a sus necesidades.

Una persona con discapacidad mental (con 50% de discapacidad laboral), que depende de sus padres (recientemente fallecidos) tiene derecho a solicitar la pensión de sobreviviente. Cuando lo haga, la autoridad administrativa no puede exigir requisitos adicionales a los establecidos en la ley, por ejemplo, la existencia de curador definitivo nombrado por sentencia judicial. Basta entonces con que se nombre guardador provisional mientras el proceso de interdicción finaliza.

Un menor de edad con discapacidad motora tiene derecho a servicio gratuito de transporte escolar, cuando no cuente con los recursos económicos para pagar un transporte privado y no exista un colegio cercano a su hogar que responda a sus limitaciones. La secretaría de educación del municipio debe prestar dicho servicio al menor de edad y no puede negarse a hacerlo, alegando que es únicamente para estudiantes que viven en la zona rural.

Un docente con ceguera congénita que requiere apoyo para movilizarse y no cuenta con los recursos para pagar a un acompañante, no puede ser trasladado de la institución educativa en la que trabaja a otra alejada de su residencia. En efecto, si el traslado afecta su movilización y acceso al nuevo lugar, la institución educativa no puede realizar el mismo.

Un menor de edad de escasos recursos con discapacidad auditiva profunda tiene derecho a pedir que se contrate un profesor especializado en la enseñanza de personas con su discapacidad, si no existe un colegio en el municipio que ofrezca este servicio. Es deber de la secretaría de educación contratar al profesor requerido y no puede alegar que se requiere de por lo menos 10 niños con la misma discapacidad en el municipio para hacerlo.

Una mujer con parálisis cerebral, embarazada producto de un acceso carnal abusivo, tiene derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo sin trámites adicionales. Cuando esta no puede manifestar su consentimiento de manera libre y directa, el único requisito que puede exigir la EPS es la denuncia del delito presentada por la madre o su representante legal. Es así que no se pueden exigir documentos adicionales como, certificado de proceso de interdicción o examen psicológico que demuestre que el embarazo fue no consentido.