"Corte Constitucional ajustaría la JEP"

Enviado por laurap el Mié, 01/11/2017 - 01:44
Paz JEP Corte Constitucional

En manos de la Corte Constitucional quedó la Justicia Especial para la Paz, JEP, y se espera que el alto tribunal haga algunos cambios, aunque no de fondo, sostienen los expertos consultados por este medio.

El exfiscal Mario Iguarán opinó sobre este tema y dijo que “me parece que la Corte Constitucional por orden superior, es la encargada de velar por la Constitución Política. Por eso la determinación de la Corte no debe ser estrictamente jurídica  sino que tiene que ser un análisis político, pero político en el sentido literal y real de la situación, no desde el punto de vista partidista. Debe conformar lo jurídico, lo social, lo económico, lo antropológico. La Corte debe tener en cuenta factores sociales y de allí se dará cuenta que es necesaria la paz y se debe avalar el proceso”.

Dijo además que lo que se prevé es que se hagan algunas interpretaciones de las normas y condicionar algunas de ellas.

Parámetros

Entre tanto, el exfiscal Alfonso Valdivieso explicó que “particularmente me parece que la concepción de la jurisdicción especial para la paz responde a los parámetros que desde luego tiene establecida la visión internacional, me parece que está ajustada. Es probable que en la Corte Constitucional se establezcan algunos parámetros para regular materias que pudieron haber quedado abiertas, muy expuestas a interpretaciones que la Corte Constitucional quiera restringir, pero creo que va ser evacuada de manera positiva”.

Sostuvo que lo aprobado se ajusta a los temas internacionales, “debe haber rigurosidad, de tal manera que hable de una verdadera justicia internacional, es decir una justicia que no impida que se termine el conflicto y llegue la paz”.

Juan Camilo Osorio, exfiscal General de la Nación, manifestó que “hasta donde yo sé, terminaron los trámites y esperamos que hagan bastantes enderezamientos en la Corte Constitucional, que puedan mejorar muchas cosas que son contrarias al ordenamiento jurídico y a la soberanía de este país y al respeto a la Constitución del 91”.

Recalcó que hay mucho que hacer, “pero con algo que se haga mucho se avanzaría en regresar a una razonable ponderación jurídica, so pretexto de la paz, que acabó con la soberanía del país, eso de meter esos extranjeros en tribunal es aberrante”. Señaló que ahora el alto tribunal debe enderezar la plana que no supieron los negociadores en La Habana. “pero en buena hora hay jueces en Berlín”.

Acto legislativo

El expresidente de la Corte Constitucional, Jaime Arrubla Paucar, indicó que “la Corte Constitucional debe examinar si esa creación de este acto legislativo que crea la Justicia Especial para la Paz, se compadece con la Constitución Nacional. Todos hemos oído las voces muy claras de la oposición, que dice que esa justicia desarticulaba la rama jurisdiccional que concibió la Constitución del 91, y que lo que está haciendo es suplantar, sustituir la Constitución, esa fue la crítica que se hizo cuando salió el No. Fuimos a negociar solicitando que se articulara, ese va ser el examen, por lo que uno ha visto en sus pronunciamientos creería uno que lo van avalar”.

Juan Manuel Charry, constitucionalista, dijo que “creo que la Corte Constitucional va producir una sentencia con inconstitucionalidades parciales, como por ejemplo el trámite de la acción de tutela, y probablemente con algunas modulaciones, creo que la Corte le hace un ajuste y declarar inconstitucional el tema de la tutela, sin perjuicio a que se pronuncie en otros aspectos”.

Por su lado, Juan Carlos Lancheros, director de la Fundación Derecho Justo, anotó que “la Corte Constitucional tendrá que revisar de oficio y va tener que revisar la conformidad del acto legislativo con el acuerdo final, y muy seguramente cómo la estrategia de la Corte irá revisando el contenido del acuerdo final poco a poco, y la conformidad con el acuerdo final, es lo que se viene”.

Añadió que “creo que la Corte lo avalará, seguramente hará algunos matices en temas polémicos que son en los que hubo polémica como responsabilidad del mando, la competencia de la jurisdicción para los militares, muy seguramente la Corte delineará algunos puntos importantes, y esa es la facultad que tienen los magistrados”.

El expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, consideró que los acuerdos de paz no están por encima de la Constitución, ya que en La Habana no se reunió una Asamblea Nacional Constituyente que pudiera modificar la Constitución.

“Lo que se está haciendo en el Congreso de la República con el denominado fast trackes aprobar una serie de normas que van a incorporar a la Constitución lo que se acordó, y eso ocurre porque los acuerdos no hacen parte hoy de la Constitución, pues no se pueden modificar las reglas constitucionales“, agregó.      

Sostuvo Hernández que puede ser que la Procuraduría no esté en el acuerdo final de paz, pero sí está en la Constitución Política: “no se puede sostener que por cumplir lo que digan los acuerdos, incumplir en la Constitución”.

El exprocurador Jaime Bernal Cuéllar consideró que no le ve ningún problema que se declare inconstitucional, “me parece que la justicia transicional desarrolla correctamente los acuerdos que tratan en la justicia penal internacional, me parece que no viola ninguna norma. Aquí le corresponde a la Corte hacer un control automático para que defina si se ajusta a tratados humanitarios, y no viola ningún tratado, con lo que se llama el control de constitucionalidad y si también se ajusta con los acuerdos”.

Indicó Bernal Cuéllar que “me parece que lo previsto en ese acto legislativo corresponde a lo que se acordó en La Habana y se ajusta a la Constitución, creo que no modifica el modelo del Estado, no lo sustituye porque sigue rigiendo para los 45 millones de colombianos y las normas que se introdujeron son para 15 o 20 mil personas, en consecuencia no veo riesgos de que la Corte declare inconstitucional esas normas”.

"¿Pasará en Corte el Tribunal de Aforados?"

Enviado por laurap el Mié, 01/11/2017 - 01:42
Corte Constitucional Aforados

Hace poco más de un año que la Corte Constitucional tumbó la mayor parte del componente de justicia en la Reforma de Equilibrio de Poderes, entre esto el tribunal de aforados para sustituir la inoperante Comisión de Investigación de la Cámara. Esta semana el Congreso revivió esta instancia incluyéndola en la reforma política que discute. ¿Qué garantías tiene de no volver a caerse en el alto Tribunal?, constitucionalistas consultados consideran que solo consideraciones de tipo político o de coyuntura harían que el alto Tribunal modifique su jurisprudencia.

El pasado martes, con la aquiescencia del Gobierno, fue incluido el tribunal de aforados en el proyecto de reforma política aprobado en el primer debate por parte de la Comisión Primera de la Cámara.

La insistencia en el tribunal de aforados se dio a raíz del megaescándalo que se produjo en la justicia por la denuncia de la supuesta compraventa de fallos en 2014 y 2015 a favor de congresistas en la Corte Suprema de Justicia.

Por estos hechos la Comisión de Investigación de la Cámara abrió investigación preliminar a los ex magistrados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos; en tanto que la Corte Suprema adelanta una investigación preliminar a los senadores Musa Besaile, Hernán Andrade y el exsenador Luis Alfredo Ramos.

Ayer el presidente Santos indicó que el Gobierno presentó al Congreso una propuesta para crear una comisión de aforados encargada de investigar y acusar a los magistrados de las altas Cortes, incluyendo los de la Justicia Especial de Paz, y al Fiscal General de la Nación.

“Creemos que efectivamente y como ya esto surtió un debate tranquilo, reposado importante, el tribunal de aforados, le dimos el visto bueno para que se incluyera en la Reforma Política”, dijo el Presidente.

Añadió, “creo que es un paso importante en la dirección de corregir ciertos aspectos de nuestras instituciones formales que puede mejorar el funcionamiento y recuperar la confianza de los ciudadanos en nuestra institucionalidad”.

El tribunal de aforados aprobado en el primer debate como parte de la reforma política está conformado por cinco magistrados elegidos por el Congreso en pleno, de ternas presentadas por universidades principales del país. “El tribunal contará con su propio cuerpo técnico de investigación”, explicó Santos.

Iniciativa fallida

La Reforma de Equilibrio de Poderes creó un tribunal de aforados competente para investigar y acusar a magistrados de las altas Cortes y al Fiscal General de la Nación.

Dicha comisión estaría conformada por cinco miembros, elegidos por el Congreso en Pleno para periodos personales de ocho años, de listas enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial y elaboradas mediante convocatoria pública adelantada por la Gerencia de la Rama Judicial.

No obstante en el posterior control la Corte consideró, en julio de 2016, inexequibles los artículos que le dieron vida al tribunal de aforados.

En la sentencia C-373/16 indicó que “la Corte encontró que la modificación del sistema de investigación, acusación y juzgamiento de los Magistrados de las Altas Cortes y del Fiscal General de la Nación en el Acto Legislativo No. 02 de 2015 sustituyó el eje definitorio ‘separación de poderes y autonomía e independencia de la rama judicial’. El desconocimiento de los límites competenciales del Congreso para reformar la Constitución se produjo dado que el régimen de suspensión, remoción y sanción de los Magistrados de las Altas Cortes y del Fiscal General de la Nación adoptado por el Congreso no es solo completamente novedoso, sino que resulta incompatible con los fines que perseguía el establecido en la Constitución de 1991, con el propósito de asegurar el equilibrio entre las ramas del Poder Público y la independencia de la Rama Judicial”.

Este fallo de la Corte Constitucional acerca de Equilibrio de Poderes dejó mal sabor en el Parlamento porque no solo tumbó el tribunal de aforados, dejando viva la Comisión de Investigación, sino que de igual forma le perdonó la vida al Consejo Superior de la Judicatura.

Por ello, en esa ocasión la senadora Claudia López dijo que “nos va a tocar hacer una constituyente por cuenta de que los magistrados y la Rama Judicial que está más desprestigiada ante la opinión que el Congreso, lo cual ya es mucho decir, se cree intocable. No puede ser que tratar de reformar los errores y la corrupción y el abuso de poder que hay en la Rama Judicial sea sustituir la Constitución”.

Opinan constitucionalistas

El constitucionalista Juan Manuel Charry le dijo a EL NUEVO SIGLO que no hay garantía alguna de que el tribunal de aforados esta vez supere el control constitucional.

 “No considero que haya garantías, por el contrario creo que hay riesgos adicionales, uno de ellos tramitarse por el procedimiento abreviado llamado fast track, que podría no tener relación de conexidad con el tema. O sea hay riesgos adicionales y podría volverse a declarar que sustituye la Constitución”.

Charry dijo que ello no significa que para el Congreso sea un imposible adelantar una reforma de este tipo. “Creo que hay que estudiar en detalle una fórmula que se acomode al esquema constitucional y que tenga en cuenta las reflexiones que hizo la Corte Constitucional. El referendo y el Congreso no son sino las vías, acá lo que hay que estudiar es la naturaleza de la decisión y cómo se ensambla en la estructura del Estado”.

Por su parte, Juan Carlos Lancheros Gámez, director general de Derecho Justo, Centro de Estudios Jurídicos, dijo a este Diario que en este caso hay un tema formal y otro material. “Lo que tiene que ver con el tema formal el problema es que está incorporado (tribunal de aforados) en un acto legislativo que se está tramitando por la vía de fast track. Creo que eso haría que el tribunal de aforados se cayera porque no tiene un vínculo directo con el acuerdo”.

No obstante, dijo Lancheros, “si la Corte decidiera avalarlo porque pesan más consideraciones de tipo político y si lo analiza de fondo, creo que la Corte podría pasarlo porque ya las mayorías han cambiado y en este momento son del Gobierno”.

Sintetizó que “el debate de la Corte sería entre avalar el uso de un procedimiento que no está diseñado para eso, frente a la necesidad de la reforma”.

Más conceptos

Juan Manuel Charria Segura, abogado especializado en Derecho Constitucional, consideró que “si ya la Corte sentó su jurisprudencia creería que es muy probable que al volver a la Corte Constitucional esa parte del acto legislativo se vuelva a caer. No le auguro posibilidades de éxito porque ya tenemos un precedente”.

No obstante el experto dijo que “habría que ver si la redacción de este nuevo tribunal de aforados es igual o diferente al del anterior para que la Corte emita un pronunciamiento contrario”.