"Las FARC y su participación en política: cuando la forma es el fondo"

Enviado por laurap el Mié, 01/11/2017 - 01:49
Participación política Paz

En general, puede decirse que al negociar con el Gobierno Nacional, las FARC aceptan someterse al Estado de derecho que combatieron durante medio siglo. Esto, de por sí, es un logro de grandes dimensiones, que se ve reflejado en el acatamiento a un número muy importante de disposiciones constitucionales y legales vigentes y a otras, no tan numerosas, que se acordarán y aprobarán o reformarán posteriormente. El sometimiento a las instituciones, con independencia de las reformas que se requieran, es el principal producto de la negociación, si ella viene acompañada de la desintegración de la organización militar y del abandono de las actividades ilícitas.

No obstante, si bien los puntos del acuerdo anunciado coinciden exactamente con los puntos de la agenda pactada, el comunicado conjunto plantea la necesidad de impulsar diferentes reformas institucionales que supondrán ajustes a la Constitución.

Tal vez, la más importante de ellas, hasta ahora, es la necesidad de una reforma constitucional que cree de manera transitoria una circunscripción especial para la paz y que desde ya se anuncia para la próxima legislatura, salvo que dicha modificación al régimen actual sea aprobada por vía de referendo en una votación que difícilmente coincidirá con las elecciones presidenciales o al Congreso de la República.

El referendo para la paz

En efecto, la dificultad principal radica en que el texto del referendo y la convocatoria al pueblo requiere de una ley de la República que antes de ser presentada al Congreso debe ser consultada con las comunidades étnicas, porque, por la naturaleza de su contenido, sin duda afecta su representación en la Cámara de Representantes y tendrá incidencia en muchas zonas del país en donde estas se encuentran asentadas.

Una vez aprobada la norma, la Corte Constitucional debe otorgar el aval antes de la votación popular. Como los tiempos no dan, hay que prepararse para unas elecciones atípicas, de tal manera que los representantes de las FARC puedan llegar al Congreso en cualquier momento del próximo cuatrienio. Es de esperarse que el régimen constitucional faculte al Ejecutivo a expedir las normas de rango legal que se requieran.

En este escenario, y dados los tiempos que se ha tomado la negociación, el contenido de este texto, así como el de las demás reformas que se requieren, incluyendo el estatuto de la oposición, deberán ser tramitados con el fuerte antagonismo de la bancada del expresidente Uribe y con un déficit de representación de algunos de los movimientos de izquierda, ocasionado por la aplicación del umbral del 3 % para acceder al Senado de la República. Los efectos de este ejercicio de deliberación seguramente se sentirán en la votación del referendo y en la pugnacidad de la campaña que le va a anteceder.

Ahora bien, ¿conviene más un referendo que el trámite de una reforma constitucional ordinaria? La respuesta es que la participación en política de las FARC no es un punto aislado de la agenda. En la medida en que ella está atada a la verdad, la justicia y la reparación; al reconocimiento de las víctimas; a la garantía de no repetición; a la “dejación” definitiva de las armas y al abandono de las actividades como los cultivos ilícitos, el narcotráfico, el secuestro, las minas antipersonales y el reclutamiento de menores edad, entre otros, se requiere de un gran respaldo popular para legitimar y blindar el proceso nacional e internacionalmente y de un mandato ciudadano que deje en claro que la participación política de este grupo armado ilegal debe ser el producto de la negociación y no la condición para la misma.

En otras palabras, la participación política debe estar supeditada al cumplimiento de los compromisos del acuerdo de paz que se suscriba, porque, de lo contrario, su presencia en las corporaciones públicas tendría cierta nota de impunidad, mucho más si se inicia antes que los necesarios procesos de justicia transicional ofrezcan resultados.

 ¿Y la consulta popular?

El artículo 50 de la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana (L. 134/94) expresamente señala que no pueden someterse a consulta asuntos que supongan una reforma constitucional. Esto no significa que los efectos de la consulta solamente tengan un efecto político de respaldo a las iniciativas presidenciales. La consulta popular nacional tiene la particular consecuencia de otorgar un mandato al Presidente que conlleva facultades extraordinarias legislativas, si el Congreso de la República no adopta las reformas necesarias dentro del próximo periodo legislativo o máximo en el siguiente. Estas facultades no son despreciables, si se tiene en cuenta que podrían coincidir con el periodo de implementación del acto legislativo que cree la circunscripción especial para la paz.

Como se ve, la firma del acuerdo no es el fin del proceso, sino, en la práctica, el comienzo y, por lo tanto, si su implementación falla, la paz negociada podría verse frustrada. En este caso, la forma es el fondo.

"Corte Constitucional ajustaría la JEP"

Enviado por laurap el Mié, 01/11/2017 - 01:44
Paz JEP Corte Constitucional

En manos de la Corte Constitucional quedó la Justicia Especial para la Paz, JEP, y se espera que el alto tribunal haga algunos cambios, aunque no de fondo, sostienen los expertos consultados por este medio.

El exfiscal Mario Iguarán opinó sobre este tema y dijo que “me parece que la Corte Constitucional por orden superior, es la encargada de velar por la Constitución Política. Por eso la determinación de la Corte no debe ser estrictamente jurídica  sino que tiene que ser un análisis político, pero político en el sentido literal y real de la situación, no desde el punto de vista partidista. Debe conformar lo jurídico, lo social, lo económico, lo antropológico. La Corte debe tener en cuenta factores sociales y de allí se dará cuenta que es necesaria la paz y se debe avalar el proceso”.

Dijo además que lo que se prevé es que se hagan algunas interpretaciones de las normas y condicionar algunas de ellas.

Parámetros

Entre tanto, el exfiscal Alfonso Valdivieso explicó que “particularmente me parece que la concepción de la jurisdicción especial para la paz responde a los parámetros que desde luego tiene establecida la visión internacional, me parece que está ajustada. Es probable que en la Corte Constitucional se establezcan algunos parámetros para regular materias que pudieron haber quedado abiertas, muy expuestas a interpretaciones que la Corte Constitucional quiera restringir, pero creo que va ser evacuada de manera positiva”.

Sostuvo que lo aprobado se ajusta a los temas internacionales, “debe haber rigurosidad, de tal manera que hable de una verdadera justicia internacional, es decir una justicia que no impida que se termine el conflicto y llegue la paz”.

Juan Camilo Osorio, exfiscal General de la Nación, manifestó que “hasta donde yo sé, terminaron los trámites y esperamos que hagan bastantes enderezamientos en la Corte Constitucional, que puedan mejorar muchas cosas que son contrarias al ordenamiento jurídico y a la soberanía de este país y al respeto a la Constitución del 91”.

Recalcó que hay mucho que hacer, “pero con algo que se haga mucho se avanzaría en regresar a una razonable ponderación jurídica, so pretexto de la paz, que acabó con la soberanía del país, eso de meter esos extranjeros en tribunal es aberrante”. Señaló que ahora el alto tribunal debe enderezar la plana que no supieron los negociadores en La Habana. “pero en buena hora hay jueces en Berlín”.

Acto legislativo

El expresidente de la Corte Constitucional, Jaime Arrubla Paucar, indicó que “la Corte Constitucional debe examinar si esa creación de este acto legislativo que crea la Justicia Especial para la Paz, se compadece con la Constitución Nacional. Todos hemos oído las voces muy claras de la oposición, que dice que esa justicia desarticulaba la rama jurisdiccional que concibió la Constitución del 91, y que lo que está haciendo es suplantar, sustituir la Constitución, esa fue la crítica que se hizo cuando salió el No. Fuimos a negociar solicitando que se articulara, ese va ser el examen, por lo que uno ha visto en sus pronunciamientos creería uno que lo van avalar”.

Juan Manuel Charry, constitucionalista, dijo que “creo que la Corte Constitucional va producir una sentencia con inconstitucionalidades parciales, como por ejemplo el trámite de la acción de tutela, y probablemente con algunas modulaciones, creo que la Corte le hace un ajuste y declarar inconstitucional el tema de la tutela, sin perjuicio a que se pronuncie en otros aspectos”.

Por su lado, Juan Carlos Lancheros, director de la Fundación Derecho Justo, anotó que “la Corte Constitucional tendrá que revisar de oficio y va tener que revisar la conformidad del acto legislativo con el acuerdo final, y muy seguramente cómo la estrategia de la Corte irá revisando el contenido del acuerdo final poco a poco, y la conformidad con el acuerdo final, es lo que se viene”.

Añadió que “creo que la Corte lo avalará, seguramente hará algunos matices en temas polémicos que son en los que hubo polémica como responsabilidad del mando, la competencia de la jurisdicción para los militares, muy seguramente la Corte delineará algunos puntos importantes, y esa es la facultad que tienen los magistrados”.

El expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, consideró que los acuerdos de paz no están por encima de la Constitución, ya que en La Habana no se reunió una Asamblea Nacional Constituyente que pudiera modificar la Constitución.

“Lo que se está haciendo en el Congreso de la República con el denominado fast trackes aprobar una serie de normas que van a incorporar a la Constitución lo que se acordó, y eso ocurre porque los acuerdos no hacen parte hoy de la Constitución, pues no se pueden modificar las reglas constitucionales“, agregó.      

Sostuvo Hernández que puede ser que la Procuraduría no esté en el acuerdo final de paz, pero sí está en la Constitución Política: “no se puede sostener que por cumplir lo que digan los acuerdos, incumplir en la Constitución”.

El exprocurador Jaime Bernal Cuéllar consideró que no le ve ningún problema que se declare inconstitucional, “me parece que la justicia transicional desarrolla correctamente los acuerdos que tratan en la justicia penal internacional, me parece que no viola ninguna norma. Aquí le corresponde a la Corte hacer un control automático para que defina si se ajusta a tratados humanitarios, y no viola ningún tratado, con lo que se llama el control de constitucionalidad y si también se ajusta con los acuerdos”.

Indicó Bernal Cuéllar que “me parece que lo previsto en ese acto legislativo corresponde a lo que se acordó en La Habana y se ajusta a la Constitución, creo que no modifica el modelo del Estado, no lo sustituye porque sigue rigiendo para los 45 millones de colombianos y las normas que se introdujeron son para 15 o 20 mil personas, en consecuencia no veo riesgos de que la Corte declare inconstitucional esas normas”.

"Sería necesario crear mecanismo para refrendar acuerdos de paz"

Enviado por laurap el Mié, 01/11/2017 - 01:40
Paz Refrendación

La Constitución Política no limitó los mecanismos de participación ciudadana a los que ella enuncia o a los que están en la Ley 134 de 1994, por ello sería oportuno que el Congreso de la República piense en generar otros instrumentos especialmente diseñados para un asunto tan delicado como es la refrendación de los acuerdos de paz.

Así lo indica Juan Carlos Lancheros Gámez, director general de Derecho Justo, Centro de Estudios Jurídicos, esto a propósito de los inconvenientes que presenta el plebiscito por la paz que el Gobierno promovió en el Legislativo para que los colombianos le digan ‘Sí’ o ‘No’ a los acuerdos que se firmen con las Farc en La Habana.

El hecho de que a este plebiscito se le diera el carácter de vinculante implica que de ganar el ‘Sí’ hay que adelantar reformas constitucionales, por ejemplo, para habilitar la participación política de los guerrilleros condenados. Camino que no comparte el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco.

 “Llevaría a pensar, por ejemplo, que lo que se acuerde y que signifique una reforma constitucional se debe adoptar automáticamente, y en ese sentido estaríamos creando un nuevo mecanismo (el plebiscito) para reformar la Constitución. Pero lo que tramitó el Congreso es una ley estatutaria, que no puede crear un nuevo mecanismo para reformar la Constitución. Me queda esa duda muy grande”, dijo.

Otro inconveniente que presenta el plebiscito por la paz es que solo se puede votar por el ‘Si’ o por el ‘No’, a pesar de que la agenda de negociación entre Gobierno y Farc contempla seis puntos en distintos aspectos.

Lancheros Gámez dijo a EL NUEVO SIGLO que “no significa que la Constitución haya limitado los mecanismos de participación a los que ella expresamente enuncia o a los que están contenidos en la Ley 134 de mecanismos de participación ciudadana. Creo que es válido que el Congreso encuentre otros mecanismos de refrendación de los acuerdos”.

En este sentido, el Director General de Derecho Justo dijo que ese nuevo mecanismo debería ser lo suficientemente claro como para que el ciudadano pueda diferenciar entre cuál es el respaldo jurídico al acuerdo y cuál el respaldo político.

 

Refrendación

Lancheros dijo que el Gobierno nacional tiene la obligación de cumplir y de honrar su palabra de preguntar a los colombianos sí efectivamente  están de acuerdo con los convenios de paz.

Aunque, anotó, “el problema es que los mecanismos constitucionales no permiten que las preguntas se hagan con el nivel de profundidad que uno esperaba porque si efectivamente a un ciudadano le preguntan que si está de acuerdo con la paz, pues todos los ciudadanos van a decir que es por la paz: La cuestión es que los colombianos no son ingenuos y saben que detrás de esta publicidad hay mucha más tela que cortar, o sea hay muchos más aspectos de fondo que tienen que ver con la responsabilidad de los altos mandos de las Farc en el desmantelamiento de todo el aparato criminal que tenían”.

En ese sentido, Lancheros consideró que si en los acuerdos ese compromiso no queda claro que se materialice, “pues los colombianos no van a estar tranquilos de que todas esas prerrogativas que ellos están consiguiendo en las negociaciones sean realmente justificadas, que valgan la pena”.  

Añadió que si bien es valioso y viable que el Gobierno haya impulsado el plebiscito por la paz para que los colombianos en las urnas se pronuncien sobre si refrendan o no los acuerdos con las Farc para poner punto final al conflicto armado “y que si bien es importante que el Congreso haya aprobado esta norma, la Corte Constitucional deberá mirar que este plebiscito no se convierta  en una forma de validar política ni jurídicamente acuerdos que puedan estar por fuera del ordenamiento constitucional y por fuera del ordenamiento internacional”.

Lancheros llega a la conclusión de  que los colombianos más que estar de acuerdo con un plebiscito por la paz, lo que estarían de acuerdo es en un mandato a las Farc para que hagan la paz a los colombianos.

“Tengo la impresión que de que acá lo que se está planteando es que si los colombianos respaldan al Gobierno nacional en sus esfuerzos por conseguir la paz, y se está vendiendo de esa manera. Y creo más bien que el pueblo colombiano estaría en la disposición de permitir que los integrantes de las Farc se reincorporen a la sociedad civil nuevamente siempre y cuando cumplan esas condiciones”.

“Una cosa es negociar y otra es haber convertido a La Habana en una Constituyente”

Enviado por laurap el Vie, 27/10/2017 - 04:05
Reforma constitucional Paz

Juan Carlos Lancheros abogado Constitucionalista y director de Derecho Justo, habló en los micrófonos de LA F.m. sobre la refrendación de los acuerdos de paz y el papel de la Corte Constitucional en el proceso de paz entre el Gobierno nacional y las Farc.

El jurista aseveró que el proceso de ‘Fast Track’, si bien abrevia los tiempos de aprobación, deja de lado la implementación de los mismos.

“Sea a través del mecanismo que sea, se puede aprobar el acuerdo, pero otra cosa es cómo se va implementar. La implantación del acuerdo se pensó desde la Habana como el fast track que es un proceso abreviado en el Congreso con unas facultades adicionales al presidente, Juan Manuel Santos y el presidente queda con facultades para expedir cualquier norma excepto que tenga un tratamiento especial”.

En este orden de ideas, aseveró Lancheros: “que si bien es cierto el presidente Santos puede modificar la Constitución, se debería tener la aprobación del pueblo colombiano. “ Más de 7 debates se llevaron a cabo en el Congreso de la República y siempre se planteó la idea de una refrendación popular para que esas facultades la tenga el presidente”.

Así mismo, el abogado constitucionalista habló del papel de la Corte Constitucional en el proceso de paz, La Corte constitucional no ha sido tan laxa como se cree. La tesis que siempre se ha mantenido es que las Farc puedan participar en política pero primero debe existir: verdad, justicia y reparación y las Farc no estás dispuestos en eso. Todo lo cambiaron y quisieron hacer un esguince”.

Finalmente, el abogado afirmó que las Farc solo se adaptarán a lo que ellos desean escuchar,

“Si lo que dicen las Instituciones no le gusta a las Farc, simplemente no se someten a las condiciones. Las Farc se fastidian y lo que se espera es sensatez de las partes, sí se someten al Estado de Derecho, que se sometan a todo lo que conlleva”.